• Luis Vázquez

¿Es posible regular la Inteligencia Artificial?


Sobra decir que la inteligencia artificial (IA) no es un fenómeno futuro que represente un riesgo incierto que podría o no llegar, su materialidad en la realidad que vivimos en pleno 2021 es una realidad inobjetable que cualquiera podrá apreciar aplicando la suficiente atención a diversos sucesos de nuestro entorno.


Los algoritmos que nos sugieren que artículos comprar en internet, el costo variable de insumos, dependiendo de horarios o patrones de consumo, proyecciones de desarrollo inmobiliario basados en datos, son algunas aplicaciones actuales que ya moldean nuestra realidad y que tal vez nos predisponen hacia el consumo.


Si bien las afectaciones aún pueden parecer sutiles, por la etapa temprana de los desarrollos y adopción “limitada” de las soluciones que actualmente ya se encuentran en pruebas de campo, la realidad es que la etapa de experimentación está en proceso, sin embargo, la adopción masiva y su implementación cada vez más extensa por parte de organizaciones públicas y gubernamentales, es cuestión de tiempo y quizá entonces será evidente para el grueso de la población, que no necesitamos al “Terminator” asesino para sentir las afectaciones de la IA en nuestras vidas.


Sesgos humanos traducidos a bases de datos que alimentan una discriminación escondida en algoritmos de “black box”, calificaciones crediticias, alteración de resultados en elecciones “soberanas”, la tecnología, sus herramientas y resultados no son intrínsecamente malos, tildar la propia tecnología por sus resultados, sería un sin sentido, ya que son las personas las que aplican ese sentido, que puede traducirse en beneficio o perjuicio social, mediante las diversidad de vidas que serán afectadas, cambiadas o alejadas de algún curso de acción, luego entonces cabría preguntarse, ¿la regulación es indispensable?


Antes de poder pensar en tener un texto positivo que efectivamente “regule” la IA, tendríamos que dar muchos pasos atrás y preguntarnos si realmente queremos regular, de nuevo, la tecnología en sentido intrínseco (¿Cómo se programa?), quien la aplica (sujetos autorizados o regulados para poder usarla), los resultados materiales (los actos o hechos jurídicos que resulten de la aplicación de cierta tecnología), a los usuarios (en su numero o características, pensando en acotar riesgos o daños).


La respuesta no es sencilla, cualquiera de las alternativas llevaría a problemas considerables, desde la “tipificación” de una o varias tecnologías y sus posibles aplicaciones, pasando por determinar objetivamente que resultados se pueden considerar directamente vinculados a la operación de una IA, otro escenario plantearía la “limitación” objetiva de un público que pudiera en todo caso acceder al uso de la IA, con base en parámetros establecidos por la ley, algo que sería en extremo difícil de fundar y motivar, por lo que en este momento no creo que exista, ya no digamos un consenso, sino una línea que poder seguir, más allá de generar recomendaciones para el desarrollo y la generación de una “IA” justa por diseño.


De igual forma la “soberanía” nacional podría conllevar a realidades paralelas, con estados que como hoy tratan de regular en diversos aspectos a las empresas tecnológicas de redes sociales, con resultados diversos, hasta las geografías totalmente permisivas, o mejor dicho, omisas, ante el fenómeno de referencia.


Hacer énfasis en la dificultad normativa para generar regulaciones y leyes positivas que puedan resultar aplicables, pero sobre todo eficaces para proteger los bienes jurídicos en juego, no debe guiar a una claudicación de la tarea, por el contrario, al ponderar un escenario con una total indeterminación y pasividad, necesariamente llevará a violaciones de Derechos Humanos, a afectaciones personales y patrimoniales, que no deben ser toleradas.


Inicialmente y ante la imposibilidad de prevenir con efectividad los caminos por donde podrían transitar o generarse las afectaciones, debería pensarse en por lo menos generar las garantías para poder obtener una restitución de los derechos violentados o de la afectación personal directa generada por la IA, es decir, ante la masificación de los servicios, de las aplicaciones y, por lo tanto, previsiblemente de los daños, por lo que el individuo debería tener una vía expedita para obtener una reparación del daño, lo que en teoría debería traducirse en un mayor interés de quien desarrolla, comercializa o utiliza IA para evitar posibles afectaciones a las personas.

En efecto la autorregulación como solución, previo a la identificación de sectores, patrones y datos suficientes para evaluar riesgos que no solo sean previsibles, sino inminentes, debe ser la acción inmediata a implementar, “obligar” esta autorregulación vía la facilitación de la reparación del daño, pareciera procesalmente lo más optimo, algo que puede implementarse no solo para fenómenos ligados a la IA, sino para muchos otros temas entre particulares donde exista una notoria situación de indefensión, sea por la jurisdicción, la viabilidad económica de solicitar la reparación del daño, la falta de cultura de la legalidad o cualquier otra causa que afecte al individuo frente a la corporación generadora de la afectación.


Evidentemente requiere del cambio de algunos paradigmas, de la generación de mecanismos para tutela de derechos de particulares, pero es un panorama mucho más viable que pensar en una ley que “verdaderamente” pueda regular una IA y sus problemáticas jurídicas aparejadas.


Luis E. Vázquez de la Paz

Techno Law Geek


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